El sacerdote Miguel Ángel Navarro Mederos tomó posesión como nuevo académico de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel en un acto solemne que tuvo lugar ayer lunes 16 de diciembre,  en la  sede de la institución académica en Santa Cruz de Tenerife.

Acto al que acudieron otros académicos, el Obispo de la Diócesis Nivariense,  el Director del Seminario Diocesano, concejales del Ayto de Tegueste…

Miguel Ángel Navarro Mederos pronunció su discurso de ingreso titulado “El patrimonio cultural de la Iglesia católica: una experiencia de gestión”  y la  laudatio corrió a cargo de la académica Rosario Álvarez Martínez, que dibujó la trayectoria profesional de Miguel Ángel Navarro, ensalzando su “labor intensa e importante” como responsable del patrimonio de la Diócesis Nivariense, y su implicación y sensibilidad hacia este, lo que le ha llevado a un “contacto permanente con restauradores, historiadores del arte y otras personalidades” del ámbito artístico.

Miguel Ángel Navarro Mederos nació en 1961 en Santa Cruz de Tenerife. Fue ordenado sacerdote hace 31 años por el obispo Iguacen Borau y es Doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma, Delegado diocesano de Patrimonio,  Director del Archivo histórico de la diócesis, Canónigo responsable de Patrimonio de la Catedral de La Laguna, Director del Museo Histórico Diocesano, Capellán de la Orden de Malta, Conciliar del Movimiento Católico Comunión y Liberación.

Desde 2007 es  párroco de San Marcos Evangelista de Tegueste y desde 2017 de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Pedro Álvarez.

REAL ACADEMIA CANARIA DE BELLAS ARTES

La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel fue creada por Real Decreto de la Reina Isabel II de 31 de octubre de 1849.

Esta Real Academia es una corporación de derecho público, asociada al Instituto de España en el que se integran todas las Academias españolas. Aparte de su carácter docente e investigador, en cuestiones de Arte y Patrimonio es un órgano consultivo oficial no sólo ante el Estado Español, sino especialmente frente a las instituciones político-administrativas canarias: Gobierno Autónomo, Cabildos Insulares y Municipios, siendo sus dictámenes oficiales vinculantes.